Reto 4#¿Qué puedo hacer yo?
La educación es uno de los pilares básicos de la sociedad, de ahí que aquellos emplead@s públicos que se dedican a la enseñanza, como profesores de colegios, institutos y universidades, desempeñen una función básica en la lucha por la igualdad y no discriminación. De ellos depende la educación recibida en los distintos centros educativos, donde no solamente se les enseña a leer y escribir, si no también a compartir, respetar y tolerar a todos los compañeros, independientemente de su color, edad, sexo, cultura o religión. Aunque todo comienza desde pequeños, es fundamental que estas actitudes y comportamientos se mantengan con el paso del tiempo, garantizando así una sociedad en la que todos seamos tratados por igual y tengamos las mismas oportunidades. Dichos emplead@s deberán recibir previamente una formación sobre cómo enseñar y educar, que no solamente debe de ser teórica si no también práctica, enfrentándose así a casos que posteriormente formarán parte de la vida real.
Así mismo, también los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad no solo del Estado sino también de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales deben garantizar los derechos reconocidos en la Constitución. Recordamos que el artículo 14 de la Constitución dice: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".
La Constitución también reconoce en su artículo 104: "Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana".
Esto significa que deben proteger los derechos de todas y cada una de las personas, en especial de aquellas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, como podrían ser aquellas personas que sufren algún tipo de discapacidad, aquellas que han sido víctimas de violencia de género o aquellas otras que por cualquier razón puedan sufrir algún tipo de discriminación.
Además de estos dos grupos, cabe también destacar la actuación de los Poderes Públicos a través de las políticas, planes, programas o normas que rigen el funcionamiento de la sociedad. Dicha actuación, que se lleva a cabo a través de la Administración (de nuevo Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales) supone invertir recursos que permitan mejorar la situación de las personas y asegurase de que todas ellas se encuentran en igualdad de condiciones.
Las políticas públicas son muchas y muy variadas: algunas, por ejemplo, tratan de garantizar que las personas con discapacidad desarrollen sus actividades a través de medios que les permitan adaptarse y sentirse completamente integradas en la sociedad; otras, por su parte, van dirigidas a aquellas mujeres que han sido víctimas de violencia de género y necesitan ayuda para seguir adelante; otras, sin embargo, están destinadas a la integración de las personas del colectivo LGTBI+ que sufren discriminación por su condición u orientación sexual.
Como hemos visto, son muchas las acciones que como emplead@s públicos podemos llevar a cabo para garantizar la igualdad y no discriminación a la que se hace referencia en nuestra propia Constitución. No siempre será necesario que exista una formación, ya que hay acciones que todos debemos realizar desde nuestra condición de personas y siempre pensando tanto en nuestro bienestar como en el de los demás, eliminando así cualquier tipo de discriminación y construyendo una sociedad en la que todos seamos IGUALES.
Comentarios
Publicar un comentario